Un crimen del aparato represivo del Estado

Ante el alevoso y brutal asesinato del joven David Martins Moreira (27 años) cometido por policías de la seccional 12º (Parque Posadas) el viernes 11 de octubre, el Colectivo Militante declara y denuncia.



1) El crimen no es resultado de un “abuso” ni de un “exceso” aislado. Sino consecuencia de una práctica recurrente en la actuación policial. O sea, que integra el “modus operandi” de una política institucional de violación sistemática de los derechos humanos mediante el espionaje, la amenaza, la violencia, la tortura. El salvajismo policial empleado contra el joven David muestra, de forma inequívoca, los “métodos” de esta fuerza represiva que el gobierno pretende sea “amiga de la gente”: fue salvajemente golpeado y luego estrangulado mediante un objeto de hierro colocado en su garganta hasta asfixiarlo.
2) La “Justicia” ha procesado a un comisario, un sub-oficial, un cabo y un agente. Otros funcionarios son “indagados”. El fiscal policial, Héctor Di Giácomo calificó la muerte de David como algo “horrible”, mientras que el nuevo Jefe de Policía, inspector Nelson Lema, dijo que se trataba de “un hecho que no debía haber ocurrido”, porque “el uso de la fuerza debe ser gradual”. Allí termina todo. Porque de lo que se trata es de garantizar la impunidad de una institución corporativa (represiva y mafiosa) que tiene en sus manos (y en sus armas) el monopolio de la violencia para asegurar la “seguridad” de la población.
3) Este cobarde asesinato fue cometido al abrigo del nuevo “Esquema Integral de Seguridad Ciudadana” presentado por el gobierno del Frente Amplio el pasado 1º de octubre, y bajo la cobertura “legal” que brinda la antidemocrática “Ley de Procedimiento Policial”, votada por las bancadas parlamentarias del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y el Partido Independiente. Es decir, un crimen que se asienta en una legislación penal que criminaliza, sobre todo, a los jóvenes, a los pobres, a los “excluidos”. Donde hasta la inofensiva figura de “sospechoso”, como en el caso de David, puede conducir directamente a la muerte más espantosa.
4) Los policías que cometieron el bárbaro asesinato son responsables. Deben ir presos. Son criminales comunes. Sin duda. Pero la responsabilidad política por la muerte de David recae, por entero, sobre el Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Montevideo. Nada más ni nada menos que sobre el Poder Ejecutivo. Porque estamos ante un crimen perpetrado por el aparato represivo del Estado. En tal sentido, ninguna de las “justificaciones” esgrimidas por las autoridades es de recibo. Este crimen es una violación a los derechos humanos, igual que las violaciones cometidas durante la dictadura militar. En tal sentido, no hay una “diferencia de escala” entre la “democracia representativa” y el “régimen autoritario”. Los asesinos y el sistema (capitalista) que los cobija, son responsables por igual.
5) Si al gobierno “progresista” le quedara todavía una pizca de actitud democrática y decencia política, debería destituir de inmediato a la toda la cúpula del Ministerio del Interior (empezando por la ministra Daisy Tourné) y a todos los mandos de la Jefatura de Policía. Pero, como lo sabemos, no dará ese paso. Seguirá apoyando los “procedimientos” de una institución policial que, junto a las Fuerzas Armadas, es garantía del orden capitalista y brazo armado del Estado penal. Es decir, instrumento de control y disciplinamiento social. A favor de los patrones. En contra del pueblo trabajador.

Montevideo, 13 de octubre 2008

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