Los Dres. Chimuris y Salle inician juicio a D. Tourné por violación de DDHH

03.May.09 :: Derechos Humanos



SEÑOR JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE TURNO

Gustavo Salle Lorier y Ramiro Chimuris Sosa en nuestras calidades de ciudadanos, abogados y defensores de reclusos, constituyendo domicilio en Ciudadela 1258 escritorio 301, al señor Juez decimos:
Que venimos a poner en conocimiento de la Justicia Penal, para su perentoria y necesaria investigación, las declaraciones periodísticas realizadas por el Sr. Senador de la Republica, Eleuterio Fernández Huidobro, por cuanto las misma implican el reconocimiento por parte de un representante nacional del partido que ejerce el gobierno, de la perpetración de gravísimas conductas delictivas por parte de funcionarios del Estado.

I) En efecto, según emerge de las declaraciones periodísticas realizadas por el señor Senador de la República por el Movimiento de Participación Popular, Eleuterio Fernández Huidobro cuya fotocopia se adjunta, en su columna de “ Montevideo Portal” de fecha 3 de marzo de 2009, en una suerte de “ mea culpa”, reconoce explícitamente, que este gobierno, del cual forma parte, viola sistemáticamente los derechos humanos de los menores infractores del INAU y la de los presos encarcelados en los distintos centros de reclusión del país y de algunos enfermos psiquiátricos

Dice el Sr. Senador: “Y todos sabemos, quien mas, quien menos, que esa realidad además de inenarrable es monstruosa: un infierno sin atenuantes. La violación ACTUAL, sistemática y permanente de casi todos los derechos humanos, llega en ese inframundo que procuramos ocultar, a extremos que ni en la Dictadura alcanzó. De los peores del mundo; solo comparable con la situación de muchos enfermos psiquiátricos…”

II) El Sr. Senador, desde su situación institucional como miembro de la cámara alta, integrante de la bancada del partido de gobierno, denuncia explícitamente, que en los centros de internación del INAU, de reclusión del Ministerio del Interior y Hospitales Psiquiátricos del Ministerio de Salud Publica se viola, actual, sistemática y permanentemente la casi totalidad de los derechos humanos de los individuos que por diferentes razones están bajo la sujeción física compulsiva del Estado.

III) Bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a tolerar que esta grave denuncia institucional, pase inadvertida y sin generar las responsabilidades específicas y concretas que le corresponde a los directos responsables de esos hechos criminales.
Tampoco aceptamos, por ser contrario a derecho, que tal como acontece en la obra teatral de Lope de Vega “Fuente Ovejuna” se busque diluir claras y concretas culpabilidades, en una suerte de culpa general e indeterminada.

IV) Al frente del Ministerio del Interior se encuentra la Sra. Daisy Tourne, al frente del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra la Sra. Marina Arismendi y al Frente del Ministerio de Salud Pública se encuentra la Dra. Maria Julia Muñoz, todas ellas, Secretarias de Estado del Sr. Presidente de la Republica, el Dr. Tabaré Vázquez.

V) El Sr. Senador Eleuterio Fernández Huidobro denuncia periodísticamente la violación sistemática y permanente de la mayoría de los derechos humanos de una minoría por parte de funcionarios de Instituciones Estatales.
En efecto, en otra parte de la nota dice el Sr. Senador: “Hay entonces en el Uruguay de HOY (no en el de ayer) un gravísimo atentado (o varios) contra una minoría que estamos perpetrando desde hace ya tiempo entre todos”.
Esta última parte de las proposiciones del Sr. Senador, debe ser puntualmente refutada, por inaceptables conceptual y jurídicamente, nos referimos a la asignación de responsabilidad por una aparente perpetración “entre todos” (Fuenteovejuna “todos somos culpables”).
Bajo ninguna circunstancia aceptamos la doctrina acuñada por el Sr. Presidente de la Republica Tabaré Vázquez y ahora recogida por el Sr. Senador Fernández Huidobro de: “todos somos responsables, todos somos culpables”.
Lo cierto es que cada una de estas instituciones tiene un jerarca responsable jurídica y políticamente por lo que acontece en el funcionamiento de las mismas.

VI) El comportamiento jurídico del Estado se encuentra normativizado por la Constitución y la Ley, no obstante, el Estado Uruguayo al ratificar los distintos instrumentos internacionales, asume obligaciones y deberes a nivel internacional.
En consecuencia, los graves hechos delictivos denunciados públicamente por el Sr. Senador, que incuestionablemente entrañan violaciones permanentes y sistemáticas de la mayoría de los derechos humanos de una minoría, no solo tiene trascendencia jurídico penal en el orden nacional o interno, sino que, por violar las obligaciones de esos compromisos internacionales, la responsabilidad también es de índole internacional, exponiendo al Estado Uruguayo, a eventuales denuncias ante organismos jurisdiccionales internacionales.

VII) Uruguay ha ratificado los siguientes tratados internacionales:
A) Declaración Universal de derechos Humanos ratificada el 10 de diciembre de 1948.
B) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por ley 13.751 del 11 de julio de 1969.
C) Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por ley 15.737 de 8 de marzo de 1985
D) Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ratificada por ley 15.798 de fecha 15 de diciembre de 1985.
E) Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, ratificado por ley 15.764 d fecha 13 de setiembre de 1985
F) La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas ratificada por ley numero 16.724 de 1 de noviembre de 1995;
G) La Convención Sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, ratificada por ley 17.347 de 5 de junio de 2001
H) Estatuto de Roma y lo aprobó por ley numero 15.710 de 27 de junio de 2002.
I) Convención Para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio aprobada por ley 13.482 de fecha 30 de junio de 1966
J) Convención Interamericana para Prevenir y Sanciona la Tortura aprobada por ley 16.294 de fecha 5 de agosto de 1992.

VIII) Corresponde a la Justicia Penal investigar y probar los hechos delictivos que se traducen en la violación sistemática de los derechos humanos, por cuanto pueden tratarse de hechos que atentan tanto contra la integridad física o moral de los reclusos, la plataforma fáctica de la imputación concreta forma parte, precisamente, de los aspectos que solo la Justicia Penal, con sus particulares poderes de imperio, puede investigar y determinar.
Téngase presente que los establecimientos involucrados, son de seguridad, en consecuencia, de acceso restringido a particulares, lo que impide la directa constatación del tipo de conductas intrínsecamente violatorias de los derechos humanos que se perpetran en su interior y explícitamente reconocidos por el Sr. Senador de la Republica.

IX) En merito de lo expuesto y atento a lo dispuesto por el articulo 105 del Código del Proceso Penal, viene a formular la presente denuncia penal.

Por lo expuesto al señor Juez solicitamos:

1º) Nos tenga por presentados con la documentación que se acompaña y por constituido el domicilio.

2º) Por formulada la presente denuncia penal

3º) Se dispongan las medidas investigativas que se entiendan pertinentes.

Otrosi decimos: Atento a la naturaleza de los derechos aparentemente violados, en caso de desestimarse la investigación a nivel nacional, agotada la vía interna, nos reservamos el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dr. Ramiro Chimuris Sosa
Abogado. Mat. 8515

Dr. Gustavo Salle Lorier
Abogado. Mat.4296

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