Argentina: Mineras, progresismo y el verdadero rol del Estado


En el año 2007 se aprobó en el congreso nacional una ley de protección de glaciares, impulsada por el legislador del FPV (Frente para la Victoria: partido en el gobierno), Miguel Bonasso. La norma tenía como objeto preservar los glaciares y sus zonas aledañas cubiertas de hielo (permafrost), para mantenerlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga para las cuencas hidrográficas que vienen desde la cordillera de los Andes hacia el océano Atlántico. También proponía la creación de un inventario de glaciares y geoformas periglaciales de todo el territorio nacional. Antes de que fuera aplicada
dicha ley la presidenta de la nación, del mismo signo político que Bonasso, la vetó mediante el decreto presidencial 1837/08, que lleva las firmas de Cristina Fernández de Kirchner y del entonces jefe de Gabinete Sergio Massa, quedando ésta sin efecto. Aquel veto provocó el retiro del legislador y ex montonero del oficialismo.
En estos días se vuelve a debatir en el parlamento argentino una ley sobre protección de glaciares y el poder ejecutivo aseguró que no vetará la ley si es sancionada. Lo que está aquí en debate es por un lado, el uso de un recurso natural estratégico como lo son las reservas de agua dulce; pero hay otro asunto más inmediato, y es lo que hay debajo. La ley prohíbe la explotación minera y petrolera en los glaciares y zonas adyacentes. Ese fue y es el punto de discordia en el progresismo nacional y popular, que se encuentra en un brete ya que no puede volver a vetar esta ley entrando en la carrera para el próximo año electoral. Pero tiene otros recursos y es eso lo que fue a decir Cristina Fernández en Canadá (junto a gobernadores de las provincias en la que se encuentra la empresa) a los directivos de la Barrick Gold, quienes la felicitaron por garantizar sus inversiones sin hablar de las enormes ventajas impositivas
de las que goza la empresa canadiense por estos pagos. Entre esos recursos que garantizaran las inversiones mineras, están los frenos judiciales y artículos de la constitución que les otorgan autonomía a los gobiernos provinciales en el manejo de los recursos naturales. Si faltan ejemplos para entender a quienes representan estos políticos, no queda más que ver quién es el encargado de controlar las explotaciones mineras:
Jorge Mayoral, un funcionario que tiene acciones en la firma minera “Millstone” que declaró el mismo domicilio porteño que la empresa canadiense y en la que también coincide con un directivo de Barrick.
Pero existen más coincidencias. El secretario tiene participación accionaria en otra minera, Minvail SA, que declaró la misma dirección y donde figuró la misma persona que revistó en la Barrick. Este un botón de muestra, podríamos hablar de las empresas petroleras pero lo reservamos para otros artículos donde seguiremos develando el verdadero rol del Estado más allá de la pintura progresista con la que se cubra.

Frente de Acción Revolucionaria (FAR),Argentina

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Publicado en el Construyendo N.40 AGOSTO-SETIEMBRE 2010

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