Salto: Los pescadores artesanales echados del río

El gobierno avanza en la privatización del Río Uruguay. Desde el primero de enero, y sin previo aviso, el gobierno impuso una veda total a la pesca en una extensa zona del río Uruguay dejando sin ningún sustento a decenas de familias.



Mediante decreto del Ministerio de Ganadería, firmado por José Mujica, se establece “una veda para la captura comercial de peces en aguas del río Uruguay en la zona B (…) 1.000 metros al sur de la represa de Salto Grande hasta el puerto de Fray Bentos, incluyendo afluentes).” “La prohibición se debe al incremento de la pesca artesanal en la zona, y la interacción y conflictos con otras actividades náuticas y acuáticas, y se enmarca dentro de los principios de Pesca Responsable y Enfoque Precautorio sugerido por la FAO”.

Se anuncia así mismo que a partir de este año la veda total se extenderá entre el 1º de setiembre de cada año y el 28 de febrero del año siguiente.

“El Río Uruguay es de todos. Los peces que hay allí son de todos los uruguayos y la administración tiene como responsabilidad asegurar la conservación de esos recursos”, afirmaba Daniel Montiel, director de la DINARA (Dependencia del ministerio de ganadería agricultura y pesca encargada del sector pesquero).

Este es el argumento central del gobierno, el que la veda se decreta porque se depreda, aunque el propio decreto admite textualmente que hay otras razones como “la interacción con otras actividades náuticas y acuáticas” lo que refiere a la pesca deportiva especialmente.

Es que esta zona esta destinada a ser explotada con ese fin y ya han existido llamados a licitación para empresas que se encarguen de explotar ese servicio. Por supuesto que al momento de concretarse estaremos hablando de empresas multinacionales, como las que ya actúan en el lado argentino y que hoy en día están actuando con la mayor tranquilidad paseando a los turistas y llevándolos a pescar, incluso a poca distancia de la costa uruguaya donde la gente no puede pescar para sustentar a su familia.

El proyecto de pesca deportiva se une a otros relacionados con el uso del río por parte de empresas privadas, como el anunciado por operadores turísticos de Salto acerca del interés de empresas como Buquebus de comenzar a operar en la zona.

El rol que esta jugando el gobierno es el de asegurarle a esas empresas no solo las mejores condiciones para llevarse libremente las ganancias que obtengan usando el río, sino que además puedan hacerlo sin la molestia de las viejas y precarias chalanas de los pescadores artesanales y sus redes.

Llamaría la atención de algún distraído el que se hablara de la depredación debida a la pesca artesanal y no se toque el tema del impacto de las plantas de celulosa como la de Botnia ya operando y las otras que están proyectadas, así como el efecto de agro tóxicos empleados en plantaciones de la zona, especialmente las arroceras.

Es que en realidad no hay el menor interés en proteger el futuro de “todos los uruguayos” sino el de proteger el negocio de unos cuantos capitalistas uruguayos asociados al capital extranjero.

Más aun, el proyecto que se menciona en el texto del decreto, realizado por la F.A.O. (órgano de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación) y financiado con más de 5 millones de dólares por el Estado uruguayo, no tiene como finalidad “cuidar el futuro de los uruguayos” sino el de modernizar la gestión pesquera de todo el país, adecuándola a las nuevas necesidades del mercado, lo que quiere decir que como buen órgano del imperialismo que es, la F.A.O. esta actuando para mejorar las condiciones en que el capital extranjero saquea la riqueza pesquera de nuestro país. Por ejemplo, una de las finalidades del mismo es la reestructra de la DINARA para hacerla más eficiente, adecuar la legislación nacional a las legislaciones más modernas (o sea adecuar la leyes que afectan a esta explotación a las necesidades de las multinacionales), mejorar los servicios que se brindan a las flotas pesqueras, adecuar el laboratorio de la DINARA para que pueda otorgar certificados de calidad exigidos por Europa, permitiendo a las empresas acceder a mejores mercados.

En lo que refiere a la zona afectada se plantea estimular la acuicultura (actividad que requiere de inversiones imposibles de realizar por pescadores artesanales y aun por empresas nacionales).
En definitiva los pescadores artesanales que son los afectados por esta veda pasan a ser un elemento vetusto en el esquema del imperialismo para la explotación de la pesca en Uruguay. Molestan a los turistas, molestan a las empresas que podrían invertir en la acuicultura y por eso molestan a este gobierno.

Además hay que tener en cuenta un factor fundamental: la pesca artesanal de este país solo representa alrededor de un 3% del total de captura (el 97% restante corresponde a la pesca industrial a gran escala) pero representa el 25% (la cuarta parte) del consumo de pescado en el mercado interno. En un país que adopta el modelo agroexportador, basado en la gran inversión extranjera, la prioridad no es una actividad que esta destinada casi en su totalidad al consumo de los uruguayos, sino que es secundaria ante los intereses del gran capital extranjero que nos usa como plataforma de extracción y exportación.

Una vez más, con esta medida, el gobierno muestra al desnudo cuales son los intereses de clase que defiende y que acá no se trata de un error como dicen algunos (“Mujica firmo la veda sin darse cuenta lo que firmaba, nunca haría algo así a la gente” era el rumor que propagaban los dirigentes emepepistas), sino una medida 100% coherente con la política pro imperialista del gobierno.

“Eso no nos impide ser sensibles a la cuestión socioeconómica. Por eso esta tarde me voy a reunir con la ministra de Desarrollo Social y parte de su equipo técnico y hemos tenido reuniones con la Intendencia de Salto a los efectos de atender la cuestión social y económica” declaraba Montiel a inicios de febrero, cuando ya hacía casi un mes que se había iniciado la veda. Fueron infinitas reuniones, idas y venidas, muestras de “sensibilidad” del intendente, los ediles, el Director de la DINARA. Pero en definitiva la única manera en que varios trabajadores de la pesca pudieron comer durante días, fue la solidaridad de otros trabajadores que apoyaron una olla popular que instalaron los pescadores, al principio frente al río y luego frente a la Intendencia. Medida que, por supuesto, no se redujo a la parte alimenticia sino que significa una forma de lucha que adoptaron los pescadores denunciando su situación frente al poder político departamental.

Durante el resto del mes de febrero se mantiene el campamento frente a la Intendencia y la denuncia publica permanente, lo que llevó a que el gobierno ofreciera un subsidio de $3500 por cada uno de los dos meses de veda, aunque sin ceder en levantar la medida de prohibición total, ni plantear ninguna propuesta de solución a la situación que se les presentará a los pescadores, a partir del 1 de setiembre, cuando vuelva la veda, esta vez por seis meses.

Pero el gobierno ni siquiera ha concretado esta medida (aun siendo totalmente insuficiente para que un trabajador pueda atender las necesidades de su familia), hasta el día de hoy (19 de febrero) los pescadores no han recibido ni un peso.

* Base Salto del MRO-FRAS

barrapunto  Tuenti  twitter  facebook  Meneame  google