Argentina: Derechos Humanos.


En la Argentina existen seis mil luchadores populares procesados. Esto es producto, por un lado, de que los trabajadores vienen resistien­do de diversas maneras las embestidas patrona­les desde los ‘90 a esta parte y, por otro, de la agresividad creciente con que, tanto policialmen­te como judicialmente, los diferentes gobiernos que se han sucedido -especialmente los de Néstor Kirchner en su momento y el de Cristina Fernández de Kirchner actualmente- han resuel­to dirimir las pujas inevitables que sostienen con los trabajadores a partir de su sometimiento a los planes del imperialismo

Desatada la crisis Internacional del capitalismo a mediados de 2007, esta va impactando sosteni­damente en nuestro país y empuja a tos trabaja­dores ocupados a luchar por sus condiciones de trabajo y a la vez deshacerse de las conduccio­nes sindicales burocráticas La respuesta del gobierno K no se hace esperar, y más allá de tos triunfos o derrotas de las iniciativas de las nuevas camadas de luchadores, lo que va sembrando entre nuestras filas este gobierno es el procesamiento, la judicialización de quienes encabezan la pelea. Así tenemos los casos de los compañe­ros Segovia, Bogado, Hermosilla, Magallanes… por nombrar algunos de los más notorios dirigentes sindicales de nuestro país. Entre las filas de los trabajadores desocupados la cosa no es menor.

Además de padecer como ningún otro sector los efectos pauperizantes de la crisis y sus conse­cuencias de marginación, se ven atacados en un doble sentido, con el objeto por parte del gobierno K de cooptar o discriminar, encarcelar y reprimir.
Presos actualmente por enfrentar a la burocracia sindical y la patronal los compañeros Canos Olivera, Oñate y Acosta.

Junto a la discriminación y persecución por razo­nes económicas, no deja de manifestarse -y en algunos casos con mayor agresividad aún- la judicialización por el simple ejercicio de la expre­sión política o su mero intento El caso más evi­dente y escandaloso es el referido a la cuestión del repudio a las tropelías cometidas por el sio­nismo y el imperialismo norteamericano El com­pañero Juan Carlos Beica (dirigente de Convergencia de Izquierda) fue perseguido y condenado por denunciar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Por lo mismo fue perseguido el compañero Rubén Saboulard (del Movimiento Asambleas del Pueblo), pero no pudieron condenarte a pesar del procesamiento de que fue víctima. Finalmente se absolvió a Beica producto de la movilización popular y de lo insos­tenible del argumento con que se lo per­seguía: no tenía derecho a criticar u oponerse a la política exterior del Estado de Israel porque no profesaba religión judía (!).

En esta misma línea, por denunciar y enfrentar la política norteamerica­na e israelí contra Irán, son conde­nados a más de tres años de pri­sión los compañeros “Boli” Lescano y Femando Esteche del MPR Quebracho. Quien fuera perseguido, procesado y finalmente encarcelado por estas mis­mas razones fue Roberto Martlno, que fue rehén del gobierno K y la embajada de Israel en la cárcel Oe Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, por más de trece meses. El Frente de Acción Revolucionaria aún es perseguido a tal punto de que en un fallo histórico se procesó a Damián Vekelo por un artículo del código penal (213 Bis, con penas de 3 a 8 años de prisión) que criminaliza la protesta pero aún más la ide­ología política, (en esta misma causa están pro­cesados otros cinco compañeros que ya no per­tenecen al FAR) este artículo tiende a la ilegali­dad de toda una organización, desde 1983 una instancia superior no hacía lugar a este artículo, además, el alegato de los jueces vuelve a igua­lar la oposición al sionismo con el antisemitismo a diferencia de lo sucedido en el caso Beíca. En el caso de Beica, la justicia se vio obligada a reconocer que no hay antisemitismo por el hecho de oponerse a la política exterior del Estado de Israel y por ser antisionista en el mismo sentido que se es antinazi.

La compañera Karina Germano López hace años que viene luchando prisionera en la cárcel de Ezeiza por ejercer el derecho adquirido a las salidas transitorias, pero entre los jueces que deben garantizar el ejercicio de este derecho se encuentran represores que en la última dictadu­ra militar fueran los autores materiales de la desaparición de sus padres (I).
No hay manifestación popular de repudio a la arbitrariedad y corrupción de los funcio­narios públicos que no sea repri­mida con la mayor saña y violencia, como “haciendo honor” a la tra­dición instau­rada a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la masacre de Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002. Ahí están las ciudades de Baradero y Bariloche como ejemplos palmarios, ciudad esta última donde la represión se cobró la vida de tres jóve­nes.

Este es el gobierno con más presos por luchar, que más ha procesado y encarcelado a los luchadores populares, además de ser el respon­sable del asesinato de 16 luchadores populares. La desaparición de personas funciona en nues­tro país impunemente, como lo demuestran tos casos de Julio López y Luciano Arruga. La trata
de personas así como la desaparición y muerte por ese mismo motivo están al orden del día.

Es evidente que la política K apunta a apagar el incendio antes de que se expanda, pues sabe bien que sus planes económicos de ajuste generan resistencia en un pueblo de larga tradi­ción de lucha y rebeliones. Sabe bien que sus planes de cooptación política no darán resulta­do con todas las organizaciones populares, que no todos estamos dispuestos a bajar las bande­ras de la igualdad social a cambo de unas migajas ni por todo el oro del mundo. Sabe bien que hay organizacio­nes políticas y sociales de los trabajadores fir­memente dis­puestas a cues­tionar y superar la propiedad pri­vada, los privilegios, la corrupción, la impunidad, la desigualdad.

Sabe bien que se apro­ximan grandes batallas por el poder en Nuestramérica, que el capitalis­mo que defiende con uñas y dientes es nuestro enemigo declarado.

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