Editorial

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26.Nov.13 :: Editoriales

MUJICA: “Hay que seguir por este camino”
El gobierno en el camino de la entrega total de la soberanía del país al imperialismo y la represión abierta contra el pueblo explotado



Mas allá de lo anecdótico, de sus idas y venidas, de la caricaturezca figura que es hoy en día el personaje de Mujica, hay que tener muy claro que el gobierno frenteamplista sigue siendo un ejemplo de coherencia en el mantenimiento de una línea política al mejor servicio del gran capital.

El gobierno actual, aún a costa de generar una importante caída en su prestigio ante la población, no duda ni un instante en tomar todas las medidas que le exijan los organismos imperialistas, las multinacionales y el gran capital local aliado a ellas.

Es así que si es necesario crear leyes, aunque violen la actual constitución, si es necesario hacer que los organismos de control técnico aprueben proyectos de inversión aún a sabiendas de que generan perjuicios sociales, ambientales y económicos a largo plazo, si es necesario entregar a dedo concesiones de servicios que están en poder estatal, si es necesario en definitiva tomar cualquier medida que requieran los capitalistas, el gobierno no dudará un instante en tomarla, sea cual sea el costo político que le acarree.

Realmente este gobierno es un ejemplo de coherencia en la defensa de los intereses de una clase social, la gran burguesía aliada al imperialismo.

Es bueno repasar brevemente algunas de las últimas medidas adoptadas por el gobierno frenteamplista, en alianza con los partidos tradicionales de la burguesía.

Con los votos del Frente Amplio, el Partido Independiente y del diputado nacionalista Gustavo Borsari fue aprobado el proyecto de Minería de Gran Porte, es decir el proyecto ARATIRÍ.

Esta multinacional planea invertir US$ 3.000 millones con la intención de exportar 18 millones de toneladas al año de hierro, lo que equivaldría a US$ 900 millones anuales, o sea que en poco más de tres años la empresa estaría en condiciones de recuperar completamente lo invertido y como los yacimientos que ARATIRI planea explotar tendrían una vida útil de entre 20 y 30 años, estamos hablando de un negocio de entre 18 mil y 27 mil millones de dólares.

A cambio el país quedará con campos que quedaran inutilizados por lo menos 80 años, además de la contaminación producida por la explotación en si, donde se liberará polvo con silicio y asbesto cancerígeno en amplias zonas, además de la destrucción que generara el mineroducto que desembocará en el puerto de aguas profundas a construirse en Rocha.

Para asegurar este negocio de la multinacional el gobierno debió aprobar la mencionada Ley, pasando por encima de los reclamos de los pobladores, varias organizaciones populares y la propia legislación vigente en el país. De hecho este último punto fue denunciado por el fiscal Enrique Viana, quien señalara que la ley de minería de gran porte es inconstitucional porque “tiene nombre y apellido y se llama Aratirí” y por eso presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

“Esta ley es inconstitucional, para resumirlo es una ley hecha para un proyecto concreto que es Aratirí. Ahí se viola el principio de igualdad ante la ley. Además colisiona abiertamente con la prohibición de causar daños graves al medio ambiente. Además es una ley que legitima los contratos de inversión que implican cesión de soberanía”.

“A diferencia de la celulosa, esa producción no precisa una ley para operar en el país. Con este tema se ha pretendido declarar aceptable a la minería. La necesidad de hacerlo por vía legal es porque es inaceptable. Cuando una ley declara aceptable y enumera los impactos ambientales lo que hace es autorizar la destrucción”.

Otro ejemplo reciente del sometimiento total del gobierno frenteamplista al gran capital esta dado por el contrato para la construcción de la planta regasificadora frente a Puntas de Sayago. Contrato que esta en manos de la multinacional Gaz de France Suez.

Para poder llevar adelante esta concesión el gobierno necesitaba que un organismo “técnico” como la DINAMA diera su autorización indicando que el proyecto no tendría efectos nocivos sobre la zona donde se instalará. Por supuesto que el organismo rápidamente cumplió la orden del Poder Ejecutivo para que diera su aprobación al proyecto, aun sabiendo que el mismo es perjudicial para el ambiente y la población de la zona.

Pero no solo de esta manera el gobierno pasa por encima de toda consideración legal o técnica, ni hablar ya de alguna consideración popular, sino que aparte el contrato firmado establece que el propio estado uruguayo se compromete a hacerse cargo de los impuestos que la empresa deba pagar en su país de origen, España.

Además de todo esto, el Ministerio de Economía ya había establecido que la regasificadora entra dentro de la ley de Inversiones por lo que por una cantidad de años pagará menos Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, entre otros.

El último ejemplo que presentaremos es el de UPM, recientemente autorizada por el gobierno a aumentar su producción en 100 millones de toneladas.

Las condiciones en la multinacional opera en Uruguay, gracias a la protección del gobierno que ha demostrado estar dispuesto a llegar hasta al conflicto armado para defenderla, hacen que la planta radicada en nuestro país sea la de mayor rentabilidad que posee la empresa en el mundo.

Las utilidades de todo el resto de sus plantas reunidas no alcanzan las que produce la instalada aquí
(en el 2010: resto del mundo 499 millones; Uruguay: 524)

Cada trabajador del resto del mundo le genera una ganancia de 27.400 US$ anuales, y cada trabajador en Uruguay le genera 983.000 US$ anuales.

UPM contrata 533 trabajadores en nuestro país, de los cuales menos de 180 son uruguayos (porteros, guardianes, limpiadores).
También en este caso la DINAMA es la responsable de garantizar que la empresa no contamina.

Por supuesto que la misma fue “asesorada” para la realización de los estudios por los finlandeses, y que el resultado de todo estudio realizado por este organismo no puede entenderse sin la presión política del Poder Ejecutivo para que legitime todo proyecto que el gran capital desee llevar a cabo.

Mientras pasa todo esto el gobierno procesa mediante sus jueces supuestamente independientes a luchadores sociales buscando aplastar la resistencia popular, al mismo tiempo que su policía ejecuta
presos en las cárceles y tortura y asesina jóvenes en los barrios populares.

Ejemplos de entrega de la soberanía y la riqueza del país al extranjero, ejemplos de un gobierno
totalmente sometido a la defensa de los intereses de la gran burguesía y el imperio, ejemplos de un gobierno represor.

Ejemplos de la necesidad de una política independiente de los trabajadores, ejemplos de la necesidad de levantar con firmeza un programa de liberación nacional y por el socialismo.

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Publicado en CONSTRUYENDO N°51. Octubre de 2013

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