Gane quien gane en octubre no habrá “gobierno honrado



Decir que el Frente Amplio ha confirmado hasta el hartazgo en estos dos períodos de gobierno que esta totalmente al servicio del imperialismo y la burguesía nacional aliada a él es ya un lugar común y a nadie medianamente informado puede resultarle novedoso.

Toda una política económica dirigida a servir los intereses del capital imperialista y los de la burguesía local completamente ligada a él, un seguidismo político total al imperialismo expresado en el apoyo político y material a sus agresiones, y una política de persecución, represión y judicialización a los luchadores sociales.

Todo esto es realizado abiertamente, en el marco de las leyes vigentes, llevando adelante la dictadura de clase de la burguesía mediante la utilización del Estado administrado en este caso por el partido que mas le conviene en estos momentos.

Sin embargo la burguesía nunca se ha detenido, así como tampoco los gobernantes que ella elige para administrar su Estado, en leyes que estorben su acceso al lucro y la explotación de los trabajadores.

Surge así, como un mecanismo totalmente inherente al Estado Burgués, la corrupción, es decir la utilización del aparato estatal en beneficio de diferentes sectores de la burguesía, pasando por encima de sus propias leyes.

Es en este punto donde nos interesa detenernos en esta ocasión. Sobre todo porque es importante insistir que no se trata aquí de una cuestión de individuos o exclusiva de tal o cual partido, sino que se trata de un proceso en el que caerá todo partido que, como el Frente Amplio y como todos los que anteriormente ocuparon el gobierno, defienda los intereses de la burguesía y aspire a convertirse en administrador de su Estado.

En los últimos meses el tema ha ido convirtiéndose en unos de los centros de la atención publica, a partir de la salida a la luz de varios casos muy groseros de corrupción del gobierno frenteamplista.
Esto, claro está, ocurre en el marco de la campaña electoral y es así que los partidos tradicionales de la burguesía, expertos en este tipo de maniobras, aparecen rasgándose las vestiduras y pretendiendo descubrir recién la existencia de la corrupción en la administración del Estado.

Esto por supuesto no quita realidad a estos hechos y es bueno detallar algunos de ellos para ejemplificar los mecanismos, o algunos de los mecanismos, mediante los cuales los administradores del estado desconocen las propias leyes burguesas para beneficiar al burgués en particular que los colocó en el poder.

El caso PLUNA:

El último capítulo de este caso es la renuncia del Ministro de Economía Fernndo Lorenzo ante las denuncias por graves irregularidades en la subasta de los aviones de PLUNA luego de que la aeorlinea diera quiebra, subasta en la cual a un testaferro del empresario argentino Lopez Mena, que se presentara como representante de la empresa española COSMOS le fueran asignado los aviones, ya que el mismo presentaba un aval del BROU.
En diciembre pasado el fiscal Juan Gómez aseguró en su pedido de procesamiento del ex Ministro de Economía frenteamplista Fernando Lorenzo que el jerarca “en su carácter de ministro de Economía, abusando de poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la ex Pluna”.

Y sobre Calloia, dijo que el presidente del BROU “aceptando esta situación irregular, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmos fuera el único mejor postor” en la subasta de los aviones Bombardier de la exPluna.
Los propios Lorenzo y Calloia y admitieron ante el Parlamento y también ante el Poder Judicial (ya que ambos declararon en calidad de indagados a fines de 2012) que el ex ministro de Economía hizo gestiones ante el titular del Banco República para agilizar el trámite del aval a Cosmos.
La defensa de Lorenzo y Calloia presentó un recursos de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones por lo que “congeló” el proceso hasta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia.
Esto muestra como los funcionarios del más alto nivel del gobierno frenteamplista actuaron (y de hecho actúan constantemente) en defensa de los intereses de los capitalistas que financiaron sus campañas, sin importar, reglamentos, decretos o leyes.
Es importante destacar, sin embargo que los Partidos Nacional y Colorado, que hoy se presentan a la población como denunciantes, son tan responsables como el Frente Amplio del uso continuado de PLUNA, y en general de las empresas públicas, para el enriquecimiento de un puñado de capitalistas a costas de las arcas estatales.
Alcanza recordar en el caso del gobierno de Jorge Batlle, los casos de fraude en OSE por parte de los Directores Carlos Rodríguez Landoni y Hugo Granucci procesados penalmente y de Juan Justo Amaro y Alberto Casa, a quienes el parlamento, integrado por Blancos Colorados y Frenteamplistas, no otorgó el desafuero para que fueran juzgados. O el caso de Cesar Rodriguez Batlle, nombrado por su primo, Jorge Batlle como presidente del Banco República, y que protagonizara el caso Mi Granja, empresa que figuraba a nombre de uno de sus socios y a la cual fueron desviados decenas de millones de dólares desde el BROU y desde la CND.
En el caso del otro gobierno colorado posterior a la dictadura, el de Sanguinetti, la lista de negociados fraudulentos conocidos es demasiado extensa como para poder detallarla. Baste mencionar los casos, Laguardia, Rupenian, entrega de frecuencias de radios a testaferros, tráficos de facturas, prestamos del BROU sin garantías, etc, etc.
Por el lado del Partido Nacional, su único período de gobierno fue sumamente fructífero en casos de corrupción.
La privatización del banco Pan de Azúcar a Benhamou le costó al Uruguay 200 millones de dólares y su negocio de venderle el Banco Comercial a los Rohm otros 400 millones.
Se pueden seguir nombrando otros casos: la reclasificación de tierras forestales de Ence, los prestamos del BROU gestionados por Garcia Pintos, etc.
La lista puede hacerse todo lo larga que se quiera. Hay miles de casos comprobados y nunca denunciados o juzgados, de jerarcas y gobernantes de los partidos tradicionales que han sido protagonistas de casos fraudulentos de todo tipo.
En el caso particular de PLUNA hay que recordar que la privatización de la empresa y el comienzo de esta etapa de saqueo de la misma, comenzó en 1991, bajo el gobierno blanco de Lacalle.
El artículo 6° de la ley N° 16.211 del 1° de octubre de 1991 facultó a PLUNA a asociarse con capitales privados.
En base a dicha ley, en junio de 1995, durante el segundo gobierno de Sanguinetti, PLUNA se asoció con Varig, creando una nueva empresa denominada Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A.A partir del vencimiento del contrato de gerenciamiento con Varig, el gobierno uruguayo se abocó a la búsqueda de nuevos socios para la empresa, lo que concluyó el 4 de enero de 2007, durante el gobierno de Tabaré Vazquez, en la asociación con Leadgate Investment.
Como se ve el proceso de privatización y vaciamiento de PLUNA abarcó períodos de gobierno de los tres partidos políticos mayoritarios.
El Caso Gas de Suez (Construcción de la planta regasificadora en Montevideo)
Se trata aquí de uno de los ejemplos de contratos firmados por el Estado Uruguayo con una empresa extranjera donde el Estado asume una serie enorme de compromisos y otorga todo tipo de beneficios a la empresa, que en general no se compromete a nada que no sea extraer el país toda la ganancia posible en el tiempo mas corto posible. Estos contratos generalmente se mantienen por parte del Poder Ejecutivo en el mas estricto secreto.
GDF-Suez presentó su oferta como GDF Suez Energy Latin America Participacoes, sin embargo el contrato lo firmó la empresa constituida en Uruguay, GNL Montevideo S.A. calificada como “filial indirecta” de la primera. Así, ni la empresa originalmente adjudicataria, ni la matriz firman el contrato, ni establecen una fianza solidaria (como si hacen UTE y Ancap por Gas Sayago) por sus obligaciones. El único “respaldo”, es una carta -incluida como uno de los anexos del contrato- en la que “GDF Suez confirma que GNL Montevideo S.A. es una sociedad miembro del grupo GDF Suez”. Sin embargo, al final dice que “esta carta será regida por las leyes de Francia”.
Es decir que en realidad el contrato para esta obra multimillonaria es firmado por una empresa que no existe y por el Estado uruguayo que se compromete a darle a la multinacional que permanece en las sombras todo tipo de garantías.
De aquí se derivaron todo tipo de irregularidades como presiones sobre la DINAMA para que aprobara un proyecto que claramente viola toda la normativa ambiental vigente, incumplimientos del pliego de condiciones establecido en el llamado previo, etc.
Aratirí:

En este caso no solo se presionó por parte del gobierno a la DINAMA para que diera vía libre a un proyecto claramente contaminante y altamente perjudicial para el medioambiente, sino que hasta se llegó a redactar y aprobar una Ley a la medida de los requerimientos de la empresa extranjera.

Esta Ley en contra de la cual se ha manifestado ampliamente la población, y ante la que se ha presentado incluso por parte de un fiscal el recurso de inconstitucionalidad argumentando que: “Si la protección del medio ambiente es de interés general por voluntad de la Constitución, mal puede una ley como la de Minería de Gran Porte declarar de utilidad pública una actividad contraria a ese interés general”, y agregó que “nadie discute que la megaminería a cielo abierto del proyecto Aratirí causará destrucción y contaminación graves del medio ambiente. Lo que la ley 19.126 hace es justificarla, declarándola de utilidad pública e identificando sus impactos ambientales. No cabe concluir algo distinto que su inconstitucionalidad”.
Sin embargo ni la movilización popular ni los recursos legales hicieron retroceder al gobierno que se dispone a firmar el contrato definitivo con la empresa, luego de aprobada la Ley que encesitaba para hacerlo.

En definitiva estos dos casos mencionados son ejemplo de lo que genera la política, aplaudida y llevada adelante por todos los partidos con representación parlamentaria, de proteger, estimular y tratar de atraer toda la inversión extranjera posible a costa de la renuncia a la más elemental expresión de soberanía nacional.
Esta política, la llamada “ de apertura económica” que se ha expresado en los Tratados de Protección de Inversiones, en la Ley de PPP y en innumerables contratos entre el Estado y Empresas Multinacionales ha sido impulsada por los gobiernos Colorados, Blanco y Frenteamplistas.
Las responsabilidades:
Los ejemplos presentados ilustran el fenómeno mucho más amplio y más generalizado de la corrupción estatal. Todos los partidos que ocupan puestos de gobierno y decisión en el parlamento están profundamente implicados en el mismo. Es parte de la naturaleza misma del estado burgues y por lo tanto ninguno de sus administradores puede estar fuera de él.
Tan es así que a pesar de las denuncias cruzadas buscando réditos electorales, todos los partidos con representación parlamentaria están de acuerdo en buscar protegerse ante las implicaciones judiciales que podrían tener esas mismas denuncias, por eso no puede extrañar que los mismos estén planificando en conjunto incluir en la reforma del Código Penal la eliminación del delito de “abuso de funciones” por el cual pueden ser responsables penalmente por este tipo de actos.
Todos los Partidos del régimen son responsables de la corrupción que campea siempre en el aparato estatal de la burguesía.
Por supuesto que el caso del Frente Amplio la responsabilidad es mayor ya que sus dirigentes llegan al ocupar cargos del gobierno a hombros del prestigio que el mismo poseía como defensor de los intereses populares y contrario a toda corrupción.

Sin embargo la práctica social ha demostrado que la descomposición en que el Frente cayó no es solo programática, sino que inevitablemente estaba condenado a repetir los mismos tipos de actos que los partidos tradicionales de la burguesía siempre llevaron adelante, con sus acomodos, negociados y estafas.

El Frente Amplio también en este aspecto no es en absoluto diferente a los partidos tradicionales, y a la vez estos partidos no tienen ninguna autoridad moral para criticar los actos de corrupción del gobierno frenteamplista porque ellos mismos siempre llevaron adelante el mismo tipo de acciones.

En definitiva, no solo en aspectos programáticos no hay ninguna diferencia en cuál será el partido que gane las próximas elecciones o en cual será la distribución de poder en el parlamento, sino que también en lo que tiene que ver con la continuación de los actos de corrupción, con los acomodos, con los amiguismos, con los fraudes y estafas que se realizan cotidianamente utilizando el aparato estatal.
No hay nada que esperar de las elecciones de octubre. Gane quien gane, pierde el pueblo.
Solo queda el camino de la movilización y la lucha popular.

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Publicado en CONSTRUYENDO N°53

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