Juicio a la Dictadura. Propuesta formal y pública de PLenaria Memoria y Justicia

MARZO 2015
El 1ero de marzo en el discurso de asunción, el Presidente Tabaré Vázquez anunció que  entre las primeras acciones de gobierno estaría la constitución de un grupo de trabajo por verdad y justicia. Sería un grupo conformado por representantes de entidades religiosas, políticos y miembros de algunas organizaciones sociales.
El objetivo según declaró sería “profundizar en el análisis de los archivos existentes y búsqueda de información relevante en la materia, organizar el registro de testimonios de víctimas o familiares sobre delitos de lesa humanidad, y hacer el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado”. Y agregó: “Aquellas personas u organizaciones que crean tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado, por favor, que la presenten formalmente a Presidencia”

Esta es nuestra propuesta



1 -CONTEXTO
2 -PROPUESTA DE JUICIO A LA DICTADURA
3 -ETAPAS
4 -QUE SE LOS JUZGUE EN UN MARCO CONJUNTO A LOS MÁS DE 400
5 -QUE SE LOS JUZGUE POR LOS DELITOS ECONÓMICOS
6 -QUE SE LOS JUZGUE  EN FORMA ORAL Y PÚBLICA
7 -QUE SE LOS JUZGUE SIN PREBENDAS
8 -LISTAS DE REPRESORES IDENTIFICADOS

1- CONTEXTO
Más de 40 años recolectando datos, juntando pistas para dar con el paradero de los compañeros y sus hijos. Años siguiendo los pasos de los verdugos también, ubicándolos allí donde se reunían y se escondían. Cada dato que se obtuvo, cada pequeña información que pudiera arrojar  luz sobre los desaparecidos se pasaba y se guardaba para el día que se diera la oportunidad.
La información se salvó de requisas y allanamientos, se retuvo a pesar de las torturas y los exilios,  se puso a salvaguarda del Plan Cóndor. La memoria sobrevivió la dictadura, y sobrevivió a los sobrevivientes.
Y cuando finalizó la dictadura hace más de 30 años no paramos. Ni aun cuando los políticos cedieron y pactaron vergonzosamente en el parlamento la Ley de impunidad en 1986. 
La gente siguió procesando los datos, acumulando los testimonios para un juicio pendiente. Todo fue quedando sentado en miles de páginas de libros e informes, de denuncias que se archivaban…todo, absolutamente todo

Hace 15 años el presidente Batlle anunciaba la creación de una Comisión para investigar sobre los desaparecidos. Convocó  a representantes de entidades religiosas, políticos y miembros de algunas organizaciones sociales a conformar una denominada “Comisión para la Paz”.  Pero al poco tiempo resultó evidente que se trataba más de una operación política que de una voluntad de hallar la verdad. Pues los testimonios relevantes eran desoídos, los militares eran protegidos,  y a los familiares y las víctimas esperanzados en obtener algo finalmente se les entregó informes que no eran ni la mitad de completos que los que ellos mismos habían presentado.
Pero la gente siguió juntando la información, preservando celosamente los datos que algún día pudieran servir para cerrar duelos y castigar culpables. Y fuimos recordando que no había ninguna Comisión para el olvido que nos hiciera desistir de la voluntad de verdad y justicia. Fuimos ubicando a los torturadores en sus domicilios actuales, fuimos llevando denuncias, fuimos esperando en las puertas de juzgados.
Hace 10 años que asumió el primer gobierno progresista;  El 19 de junio del 2007 usted Sr. Tabaré Vázquez  como presidente,  pretendió declarar un punto final que con sus palabras fue establecido como “un Nunca más de hermanos contra hermanos”, dando por finalizadas las excavaciones en predios militares y decretando el día del Nunca Más. 

Pero la gente siguió…las organizaciones sociales le recordamos al presidente que el Nunca Más se refería al Nunca Más terrorismo de Estado, no otra cosa. Y que no estábamos dispuestos a renunciar ni a la verdad ni a la justicia, dejando por el camino toda ese legado de información recopilada generación tras generación, de donde surgen cientos de testimonios que revelan lugares de tortura y posibles enterramientos en cuarteles, y  más de 400 represores identificados.
En el 2005 el gobierno construyó la cárcel de Domingo Arena, un establecimiento VIP que le costó al país 400 mil dólares, para alojar a 18 de los más de 400 represores que denunciamos. Se alojaron allí por mucho menos de lo que hicieron, contando con habitaciones privadas, amuebladas y con teléfono, computadora y conexión a internet,  frigobar y  un servicio de TV cable que paga el Comando del Ejército. Aparte de los espacios recreativos cómo la cancha de fútbol, salón comedor con estufa a leña el mini-gimnasio con bicicleta ergométrica y caminador. Una clínica propia,  servicio de emergencia móvil y consultorio odontológico…

Los militares torturadores, secuestradores y violadores fueron alojados allí con todas esas prebendas, y  aún así se insistió una y otra vez –durante el gobierno de Mujica-  en excarcelarlos por razones humanitarias.  A esto le siguieron una serie de maniobras  éticamente condenables como haberle señalado a Macarena Gelman un sitio falso de donde podía estar enterrada su madre. Pero la ley de impunidad y toda la estructura de impunidad siguieron de pie protegiendo a los culpables. 
Aún así, contra toda esta ignominia el pueblo siguió en vigilia, por Verdad y Justicia.
Hace 4 años, el 24 de febrero del 2011 la Corte Interamericana de DDHH declaró no válida la Ley de Caducidad e incompatible con la Convención Americana de DDHH y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

Sin embargo el parlamento no la anuló. Y la Suprema Corte de Justicia  obstaculizó toda posibilidad de avanzar en decenas de denuncias, llegando a desplazar a la jueza  Mariana Mota, que tenía a su cargo más de 50 casos vinculados a los DDHH y que -a su vez-, se había enfrentado al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro cuando leobstaculizó inspecciones en el Batallón 14. Las organizaciones sociales soportamos el procesamiento y la represión policial por manifestarnos contra estas trabas a la verdad y la justicia, pero seguimos adelante…
No hace mucho que el actual Ministro de Defensa -reafirmado en su cargo por el presidente- se despachó contra las organizaciones de DDHH, contra estos 40 y pico de años de coraje y tozudez.  Huidobro es el  Ministro más repudiado por la gente, y el más protegido por el poder. Por este poder, por este gobierno, por Ud.
Con toda esta historia a cuestas, y con tantos familiares y compañeros que en el camino fueron falleciendo sin conocer la verdad se nos anuncia hoy otra Comisión más… ¿cuántos años más?, ¿cuántas reuniones para la foto más?, ¿Cuántos expedientes archivados más?, ¿y cuántos represores más que se llevan impunes los secretos a la tumba?

Sinceramente creemos que otra Comisión es otra maniobra de dilación. Incluyendo en la misma a sectores que no solo no han estado todas estas décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia sino que algunos de ellos han estado  profundamente vinculados a las políticas de ocultamiento y represión.  Otra forma de hacer algo para no hacer nada, a la espera de que la biología se vaya llevando a familiares y compañeros.  Cómo si eso terminara con el problema… y el problema es ese justamente: que nos quieren hacer creer que este es un tema del pasado, cuando en realidad la impunidad es un problema del futuro.  Éstas FFAA, éste aparato represivo sin castigo volverá.

2- PROPUESTA DE JUICIO A LA DICTADURA

Consideramos que se hace inaplazable un proceso de juicios unificados que nos aproximen a una situación de justicia con respecto a los crímenes de la dictadura. Una idea de justicia que ciertamente no colma nuestra idea integral y profunda de justicia para los pueblos, la cual consideramos alcanzable en el marco de un proceso popular que conduzca cambios en todos los órdenes, políticos, sociales, y culturales. No obstante, nuestra tarea para la etapa, como organización social en lucha contra la impunidad, nos vemos exigidos a buscar ciertas salidas concretas hoy, para colaborar en la resolución de demandas que de otro modo se diluirían en el tiempo sin reparación.
El juicio a la dictadura es posible, y cobra sentido en la medida que las organizaciones sociales confluyamos en la intensificación de un plan de movilizaciones populares, de memoria reconstruida, de recopilación de información, de señalamientos y participación. Un plan que confluya concretamente en la instalación de un juicio excepcional contra los represores de la dictadura. Un proceso de “acusación popular” contra los más de 400 represores denunciados por las víctimas; un proceso en un marco único que avance más allá de las actuaciones puntuales y desvinculadas que han empujado a unos pocos responsables a condenas por menos de lo que son culpables y con prebendas inadmisibles.

3- ETAPAS

Para que tal iniciativa prospere es necesario que se cumplan ciertas etapas:
-Que se confluya en una estructura organizativa que coordine el accionar de las distintas organizaciones sociales que impulsen la iniciativa.
-Que se estructure un plan de trabajo concreto en base a documentación surgida de un equipo interdisciplinario desde las organizaciones sociales.
-Que tal plan establezca el formato final de la iniciativa, sobre la base de concretar un juicio a la dictadura sobre las siguientes pautas:
-Que se entreguen todos los archivos de Inteligencia, los de los cuarteles, del Hospital Militar y Policial,  los que existen en cofres fort, los de las morgues, los de las capillas que registraron nacimientos en fechas claves de desapariciones de niños –no solo en Uruguay- sino en todos los países en el que operó el Plan Cóndor. A la vez de confiscar los archivos que poseen como trofeos y garantías personales los represores. Varios de ellos se jactaron de tener archivos en sus casas.
- Que se preserven los lugares donde hay denuncias de enterramientos entre ellos el 9º de Caballería,  sito en Belloni y Aparicio Saravia ya “transformado”.
- Que se implemente un banco de ADN que abarque a familiares de desaparecidos de  todos  los países en que operó el Plan Cóndor.
-Que se instale un juicio excepcional con la participación de las organizaciones sociales
-Que se juzgue a los represores de forma oral y pública
-Que se los juzgue en un marco conjunto a los más de 500.
-Que se los juzgue como genocidas
-Que se incluyan en el proceso los delitos económicos de la dictadura
-Que se los juzgue sin prebendas

4 - Que se los juzgue en un marco conjunto a los más de 400

Como lo ha reconocido el Estado uruguayo, y como se confirma en la reciente sentencia del Juez Charles contra los represores de la OCOA “el período dictatorial cívico-militar, comprendido entre los años 1973- 1985 responde a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, en el denominado Plan Cóndor”.
Tal régimen de terror dirigido por las FFAA estuvo basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, de miles de personas.

La finalidad de dicha acción sistemática fue conseguir la instauración de un nuevo orden social-político-económico. Una situación comparable a la Alemania de Hitler, donde se persiguió a determinadas clases de personas en base a un plan de “eliminación selectiva” o por sectores de población. En Uruguay, como en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia se instaló a tales efectos el “Plan Cóndor” que implicó - como también se confirma en la antes mencionada sentencia del juez Charles- “el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de persones consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región”.
La inclusión de tales confirmaciones en documentos oficiales -ahora también en actuaciones judiciales que sientan precedente en nuestro país - se suma a la abundante información que se ha recopilado en relación los crímenes de la dictadura cívico-miliar y el “Plan Cóndor”.
Ejemplos contundentes son las declaraciones realizadas por del ex -Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya Sr. Bonelli, al que Ud. Mantuvo en su cargo- aunque reconoció públicamente la existencia de vuelos ilegales con detenidos desde Argentina- y la nómina de los más de 210 uruguayos detenidos desaparecidos emitidos en el propio Informe Final de la Comisión para la Paz creado por resolución presidencial del 9 de agosto de 2000 (cifra de desaparecidos considerada incompleta, por la mayoría de las organizaciones de DDHH en el país).

La documentación incluida en el libro “Nunca Más’ emitido por familiares de detenidos desaparecidos; las denuncias ante el parlamento sobre violaciones a los DDHH por la dictadura (efectuadas por el senador José Germán Araujo en diciembre de 1986) y las consiguientes investigaciones; las denuncias contenidas en los informes del ex marino Rey Piuma; el “libro Blanco” emitido por el Estado uruguayo en el 2005, el estudio emitido en tres tomos, elaborado por la UDELAR sobre el terrorismo de Estado; la información presentada ante la justicia en las múltiples causas judiciales parciales efectuadas en el marco de denuncias por crímenes de lesa humanidad; los procesos judiciales vinculantes a través del Plan Cóndor llevados a cabo en Argentina; los procesos impulsado a instancias de Tribunales Penales Internacionales que documentan la operativa del Plan Cóndor; y las múltiples denuncias documentadas hechas públicas por organizaciones sociales y por periodistas, son una base de pruebas suficientes para confirmar que la dictadura cívico-militar uruguaya se dedicó-durante más de una década- a detener ilegalmente, privar de libertad, sustraer menores, torturar, extorsionar, secuestrar y asesinar a sectores de la población que consideró como opositores políticos, como parte del plan sistemático -que por su diseño e instrumentación- es equiparable a la de otros genocidios en la historia de la humanidad.
En síntesis, todos estos elementos, no sólo nos permiten afirmar el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, sino que nos llevan a la conclusión irrefutable de que en nuestro país la dictadura militar cometió un GENOCIDIO. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (de Naciones Unidas) dispone que: “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
Conforme hemos expresado anteriormente, el plan sistemático de desaparición forzada de personas implementado por la dictadura cívico-militar en Uruguay se dirigió contra un sector de la población, contra un grupo nacional determinado, definido por el Estado como “subversión” o “subversivos”, cometiéndose por ende el delito de genocidio

5- Que se los juzgue por los delitos económicos

Tan documentado como los delitos de lesa humanidad, están los delitos económicos perpetrados durante el periodo dictatorial. El terrorismo de Estado constituyó la condición indispensable para quebrar cualquier tipo de resistencia política o social a un cambio drástico de la orientación de las políticas económicas.
Tal fue la impunidad con la que actuaron los genocidas en materia económica -a instancias del haber aniquilado violentamente a la oposición-, que el plan económico de la dictadura disparó la deuda externa -de 716 millones de dólares al iniciar el perforo dictatorial en 1973- a 6.000 millones de dólares al finalizar la misma en 1985. Una deuda evidentemente ilegitima que hipotecó las posibilidades de desarrollo del país hasta nuestros días. La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura pueden ser comprobados incluso con la más elemental investigación de bienes y capital y jubilaciones en poder de muchos de los militares hoy. Delitos que-en consonancia- con el carácter genocida del proceso dictatorial implicaron un prejuicio perpetuado en el tiempo para toda la sociedad.

6- Que se los juzgue  en forma oral y pública

La condición oral y pública del proceso se fundamenta en el derecho y la necesidad de que la sociedad toda pueda ser partícipe de todo lo concerniente a un proceso que se instala con el objeto de conseguir un mínimo acceso a la justicia sobre hechos que a la sociedad toda conciernen, en la medida que los actos de terrorismo de Estado y delitos económicos perpetrados por la dictadura cívico-militar implicaron no solo un profundo trauma social perpetuado en el tiempo hasta el presente a través de los delitos de lesa humanidad; si no también la modificación sustancial y prejudicial de las estructura económicas del país hasta nuestros días.
La condición oral y pública del proceso constituye no sólo un mecanismo de excepcional soberanía para testimoniar y educar sobre los hechos de relevancia histórica para la sociedad toda -si no también- la garantía de que el juicio se lleve adelante en un marco de amparo público y masivo a las víctimas que ofrezcan sus testimonios. Máxime cuando procesos llevados a cabo en otros países, contra represores también vinculados al Plan Cóndor han derivado en la represalia a los testimoniantes.
Como lo ha expresado el juez federal argentino Rozanski (sobre la causa que condenara al represor Etchecolatz en Argentina) “el testimonio de las víctimas debe efectuarse en un marco que ofrezca a la víctima la sensación de amparo absoluto de toda la sociedad”. En este sentido debe considerarse que el testimonio de las víctimas se lleve a cabo con todas las consideraciones pertinentes al caso, contemplando las implicancias emocionales y psicológicas del testimoniante en tal situación.
La víctima no debería bajo ningún concepto ser sometida al mismo trato que el victimario, ni sufrir la presión de una actuación frívola que no contemple la trascendencia personal y social del testimonio. Tales consideraciones son parte -justamente- de la excepcionalidad del proceso.
La reforma del proceso penal  que se prevé aplicar incluye algunas de estas modificaciones. Fundamento agregado a la posibilidad real de instalar el mecanismo propuesto, hoy apenas parcialmente contemplado en los “juicios de prensa”.
Recaería -en definitiva- en la voluntad política la decisión de habilitar una instancia de tal excepcionalidad. Decisión que evaluamos posible a instancias de un importante reclamo popular

7- Que se los juzgue sin prebendas

Choca contra el más elemental sentido de justicia que los genocidas gocen de beneficios como la detención domiciliaria u otras prebendas. Resulta inconcebible que los mayores criminales de la historia del país estén –algunos de ellos, en la actualidad- cumpliendo la “condena”  en sus lujosas casas, o en cárceles VIP desde donde se involucran en la vida política del país, e incluso en los pormenores de las propias causas por las que han sido condenados. Utilizando la burla y la amenaza para entorpecer la actuación de los procesos en su contra y de sus cómplices.
Como igualmente inconcebible resulta, por –violentar moralmente a la sociedad toda- que en el marco de los procesos se les ampare como víctimas, cuando se trata de genocidas cuya obligación es -para comenzar- asumir la legitimidad del repudio que les depara de parte de la sociedad, por la gravedad de los crímenes cometidos.

Ya que tanta impunidad mata y mantiene la tortura prolongada en el tiempo, acá está la lista incompleta de los represores. Sin duda deberían ser inmediatamente terminados de identificar con vuestros archivos. Y que sean todos detenidos, ahora, sin más demoras, para comenzar un real proceso de búsqueda de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas. Y que sean enjuiciados por desaparición, torturas sistemáticas y todos los delitos de lesa humanidad cometidos contra la sociedad.

8- Lista de los represores identificado
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LISTA INCOMPLETA DE REPRESORES. PARA SEGUIR ARMANDO CON MEMORIA, CON DATOS CONCRETOS, CON CONDENA SOCIAL:
ACÁ ESTÁN  551 DE ELLOS y faltan más
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=E1ABFC8FA7A84C11&resid=E1ABFC8FA7A84C11!191&app=Word

Esta lista incompleta, de 551 nombres, debería ser completada con todos los civiles que han guardado silencio y que estuvieron involucrados en los planes de exterminio, entre ellos, Julio María Sanguinetti, quien desde hace décadas está siendo acusado de haber estado en el origen del Escuadrón de la Muerte y de sus atrocidades. A su vez se debería depurar con los fallecimientos  y procesamientos. Y complementada con los archivos que solicitamos se pongan a disposición de todas las organizaciones de DDHH y sociales. Entre esos datos la de quienes eran los integrantes de cada unidad, los mandos y todos sus miembros.

Los signos de interrogación se corresponden a casos que no sabemos si el nombre corresponde o no, o si está repetido. Esta situación a tantas décadas deberá ser corregida con la corroboración de los datos del personal de cada sitio donde se torturó, centros oficiales y sitios clandestinos.

26/3/15

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Publicado en CONSTRUYENDO N°58. Mayo de 2015

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