El brazo penal del Estado

\"\" “Un filósofo produce ideas, un poeta poemas, un clérigo sermones, un profesor compendios, y así sucesivamente. El criminal produce crímenes. Si vemos de cerca el nexo entre ésta última rama de la producción y la sociedad como un todo, nos liberaremos al fin de muchos prejuicios. El criminal no sólo produce crímenes, sino también la legislación en lo criminal, y con esto también al profesor que dicta cátedra acerca de las leyes para criminales y, además, el inevitable compendio en el cual el mismo profesor lanza sus disertaciones al mercado general en calidad de ‘mercancías’.” (Karl Marx, Teorías de la Plusvalía, I Parte)



Más aún. El criminal, y por extensión el delito en general, producen el corpus total de la policía y la “justicia penal”, jueces, fiscales, tribunales y verdugos. Todas estas distintas ramas de los negocios forman, a su vez, muchas categorías en la división social del trabajo, desarrollando diferentes capacidades del espíritu humano y creando nuevas necesidades y nuevas maneras de satisfacerlas. El criminal y los “delincuentes” rompen la monotonía de la vida burguesa. De esta manera, impiden el estancamiento y permiten esa inquietante tensión y agilidad sin las cuales incluso el incentivo de la competencia desaparecería. El “flagelo” del crimen cumple otra doble función. Por un lado, aparta a una fracción de la “población superflua” del mercado de trabajo y así regula mejor la competencia entre los trabajadores. Por el otro, hace que la lucha contra el crimen absorba a otro sector de la población. De esta forma, crimen y delito aparecen en escena como uno de esos “contrapesos” naturales que otorgan un “equilibrio correcto” y dan paso, al decir de Marx, a todo un amplio panorama de ocupaciones “útiles”.

Sociedad criminal

En efecto, la historia de la sociedad burguesa es la historia de la propiedad (privada) y de la negación de esa propiedad. Porque la historia de la sociedad burguesa es la creciente y explosiva contradicción entre las pasiones y necesidades individuales y colectivas por un lado, y los impuestos padrones de conformismo, individualismo, sometimiento y explotación social por el otro lado. Es, en definitiva, la historia de la violenta expropiación de los trabajadores en tanto productores. La sociedad burguesa, por sí misma, genera el crimen, tiene origen en el crimen y conduce al crimen. Es, en resumidas cuentas, una sociedad criminal. Sin embargo, se presenta como una sociedad democrática, igualitaria, respetuosa de los derechos humanos. Desde este paradigma liberal -donde el aparato coercitivo del Estado cumple un rol central- imparte su concepción del derecho y pone en práctica las leyes que regulan y vigilan la relación de dominación del capital sobre el trabajo, esencial para el funcionamiento de la sociedad burguesa.
Entonces, hay que poner una segura distancia entre los individuos pertenecientes a las clases antagónicas y, principalmente, levantar un muro entre los más ricos y los más pobres. Entre los de arriba y los de abajo. Entre los que viven en Punta Carretas y Carrasco, y los que viven en el 40 Semanas, Cerro Norte, o en alguno de los centenares de asentamientos que se despliegan a lo largo y ancho del país. Por esa razón, y no por otras, los desposeídos de toda propiedad -y hasta de un humilde techo o empleo- han sido criminalizados a lo largo de la historia del capitalismo. Porque la miseria y la pobreza que los reviste, es la más transparente prueba de la desigualdad material y la más escandalosa consecuencia del enriquecimiento ilícito de los propietarios privados. Dicho de otra manera: porque muestra como más actual que nunca, aquella profética frase de Proudhon: toda propiedad privada es un robo.
La criminalización, por tanto, es imprescindible delante de la posibilidad siempre latente, donde los condenados a salarios de hambre, desempleo crónico y pobreza inaudita, se rebelen contra las infames condiciones de vida que se les ha impuesto por generaciones.

Intolerancia selectiva

La agenda del miedo está instalada. Y se acelera con los calores preelectorales. Alimentada por la intoxicación mediática de un “crimininality show” que se nutre del rating televisivo, una amplia capa de la población refuerza su “sensación de inseguridad” y reclama más “eficiencia policial”, aunque “se lesionen los derechos humanos de los delincuentes” (Encuesta de Factum, 18-7-08). En este morboso paisaje, cada quien juega sus cartas. Blancos y Colorados adelantan su campaña proponiendo “tolerancia cero” con el delito. Los empresarios aprovechando la volada y exigiendo mano dura con las huelgas y ocupaciones. Todo en nombre de la necesaria “seguridad jurídica” que requieren los negocios.
La derechización es evidente. Resulta de un giro conservador de la “opinión pública”. El gobierno del Frente Amplio contempla y se acomoda al “mensaje de la sociedad”. Desde la Ley de Procedimiento Policial a las operaciones de “saturación” (que no son otra cosa que el regreso de las razzias) todo apunta a las “clases peligrosas”. Esas que deambulan entre la “apropiación de lo ajeno” y la limosna. Que sobreviven en la más extrema de las miserias, sin sindicatos, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni espacios mediáticos, ni ámbitos institucionales. Todos hablan de estos “excluidos” pero nadie escucha sus poderosas razones. Para la sociedad burguesa, no tienen voz.
Por ahora, se trata de focalizar la “intolerancia selectiva” contra determinados grupos sociales en ciertos barrios pobres y asentamientos. Es decir, se diseña una estrategia represiva y discriminatoria que refuerza la estigmatización contra el “núcleo duro” de los “marginales”. Allí es donde se concentra la “pobreza estructural” y, por consiguiente, según el discurso dominante, el delito.
En todo caso, la persistencia de esa “pobreza estructural”, que afecta a cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, niños y jóvenes, no es solamente una flagrante violación de los derechos humanos más elementales. Es, por su parte, la prueba más irrefutable que el programa económico del “progresismo” para nada trajo la prometida “redistribución de la riqueza”, y que los planes asistencialistas (Panes, Trabajo por Uruguay, Plan de Equidad, etc.), ni siquiera consiguieron aliviar el drama social de esos miles de hogares. De hecho, la nueva doxa punitiva pone de relieve los lazos orgánicos, tanto ideológicos como prácticos, entre el fracaso de las políticas sociales del gobierno y el despliegue del brazo penal del Estado.
Más allá de la cháchara barata de los partidos tradicionales y de las frivolidades del discurso oficial -cuya principal exponente es la ministra del Interior, Daisy Tourné- lo cierto es que se avanza hacia la solución represiva. En concordancia con “el nuevo sentido común penal”, se apunta a criminalizar la miseria y, por esa vía, a disciplinar a una fuerza de trabajo desempleada, precaria, empobrecida, marginada. Mientras tanto, la evasión tributaria de los ricos, las dobles contabilidades empresariales, el gran contrabando, la corrupción económica, en fin, las mafias policiales, continuarán impunes como hasta hoy.
Lejos de toda concepción humanista, “progresismo” y “oposición” coinciden. Más policías, más vigilancia, más represión. Y, sobre todo, más cárceles. Como para seguir siendo uno de los países latinoamericanos con más presos en relación a la población: 7.300 a diciembre 2007. La mayoría jóvenes menores de 30 años, casi todos ellos desempleados y, para colmo, habitantes de las “zonas rojas”. No obstante, la “violencia delictiva” no cederá. Porque se convirtió en una de las pocas opciones serias de “redistribución de la riqueza” para los más desposeídos.

* Ernesto Herrera es miembro del Colectivo Militante (por la Unidad de los Revolucionarios).

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Publicado en CONSTRUYENDO Nº32 de Agosto de 2008

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